LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD EN ESPAÑA

La abolición de la esclavitud en España fue muy tardía. España fue uno de los últimos estados del mundo en declarar ilegal esta infame práctica y no podemos decir que lo hiciese de forma fácil y rápida. Costó mucho trabajo, se hizo por fases y venciendo las presiones que se ejercieron para evitarlo. El 7 de octubre de 1886, por fin, la reina regente María Cristina firmaba el real decreto por el que se terminaba con el último vestigio del esclavismo. Pero el camino fue largo y difícil …

Gaceta de Madrid num 281 de 1886. Boletín Ordinario

Esta publicación es la tercera de la serie «La esclavitud en España» que podrás encontrar en El Arca de la Historia.

Nota 1: Los tratados de reconocimiento oficial de independencia se firmaron entre 1836 (México) y 1904 (Cuba).

Nota 2: La República Dominicana Volvió a ser española entre 1861 y 1865, independizándose

LOS PRIMEROS INTENTOS. LAS CORTES DE CÁDIZ

No es extraño, por tanto, observar que en movimientos políticos claramente vinculados a la Ilustración comenzaran a darse manifestaciones de repudio a la esclavitud. Nos referimos a movimientos tan importantes como los vinculados a la formación de los Estados Unidos, la Revolución Francesa o el constitucionalismo español de las Cortes de Cádiz. Este repudio a la esclavitud no provocó, ni mucho menos, su desaparición inmediata, pero supuso el principio del fin del tráfico negrero.

En la España del siglo XVII (nos referimos a la España peninsular, Baleares y Canarias) los esclavos no eran precisamente un grupo social numéricamente significativo. Realmente, la esclavitud en la península ibérica había ido languideciendo a lo largo de los siglos.

Recordemos, tal y como decíamos en los artículos anteriores, que el Código de las Siete Partidas, código de leyes aún vigente en aquellos siglos, autorizaba la posesión de esclavos bajo determinadas condiciones. Pero los difíciles tiempos que se vivían, tanto económica como socialmente, no eran propicios para la posesión de esclavos y su número fue decreciendo. A pesar de que este número es imposible de determinar con certeza, nos podemos arriesgar a afirmar que en el año 1500 en la Península vivían en torno a cien mil esclavos (el 2% de la población). Este número se vio condicionado por los conflictos bélicos del momento, que permitieron llevar a la esclavitud a numerosos prisioneros de guerra. En el final del siglo XV y el principio del XVI se produjo la guerra y conquista de Granada, la toma de Trípoli, Orán y Bujía en el norte de África y las rebeliones guanches en las islas Canarias.

Sin embargo, esta cifra en 1550 se redujo a la mitad y apenas suponía el 1% del total de habitantes.

En los años siguientes su número siguió decreciendo, quedando limitado el esclavismo al servicio de los más adinerados, por una parte, y al servicio del Estado, por otra. Un buen ejemplo de lo primero es el del pintor Juan de Pareja, un esclavo del genial pintor de Corte Diego de Silva y Velázquez, de quien aprendió a pintar en su estudio. Pareja es uno de los grandes pintores españoles y en su retrato se aprecia claramente sus rasgos mulatos. Consiguió la libertad gracias a su talento en 1550.

Un número significativo de esclavos en la península ibérica a partir del siglo XVI era propiedad del Estado. Estos esclavos procedían especialmente de los conflictos bélicos en el Mediterráneo, sobre todo de las capturas de soldados, corsarios y piratas marroquíes, argelinos y turcos. Cuando eran capturados pasaban directamente al servicio de Su Majestad como trabajadores forzados, habitualmente como galeotes en las galeras que se movían a remo y que subsistieron hasta principios del siglo XVIII. Pero también se les enviaba a las minas, en particular a las de mercurio de Almadén donde, por cierto, la mortalidad era elevadísima. Otros destinos eran los arsenales de la Carraca (Cádiz), Cartagena y El Ferrol, para la producción de buques y armamento, así como la construcción de caminos, puentes, murallas y fortalezas.

A lo largo del siglo XVIII los conflictos armados se fueron trasladando del Mediterráneo al Atlántico y América, disminuyendo el número de capturas de esclavos musulmanes que, según afirma Maximiliano Barrio apenas llegó en este siglo a los diez mil[i].

En 1767, cuando apenas había mil quinientos esclavos trabajando para el Estado, se produjo un hecho transcendental: se firmó la paz con el sultán de Marruecos. Este, como medida de gracia, se propuso la compra y liberación de todos los esclavos marroquíes en poder de España, compra que se terminó extendiendo al resto de musulmanes (los argelinos y turcos juraron y perjuraron ser marroquíes) y lentamente terminó la presencia de esclavos en las obras públicas, hasta desaparecer completamente en 1786. En la España peninsular apenas quedaron unos miles de esclavos en manos de particulares en una cifra escasamente significativa. No ocurría lo mismo en Hispanoamérica, donde aumentaba sin cesar y de forma acelerada el número de esclavos de raza negra procedentes de África.

Sin embargo y a pesar de este aumento, en el inicio del siglo XIX comenzó a debatirse seriamente la abolición de la esclavitud desde la perspectiva legal o, más bien, desde su ilegalidad. Y en los debates que surgieron pronto se puso de manifiesto que no era lo mismo abolir la esclavitud en Europa que en los territorios de ultramar.

En España, el primer intento directo de declarar formalmente la ilegalidad de la esclavitud se produjo en Cádiz, en sus famosas Cortes celebradas durante la Guerra de la Independencia en ausencia del exiliado rey Fernando VII.

En 1809 se iniciaron en Cádiz las reuniones de unas Cortes en las que constituían una mayoría los diputados de ideología liberal e influidos por el Pensamiento Ilustrado. En una ciudad sitiada por las tropas napoleónicas se habló por primera vez de la España de los ciudadanos, frente al concepto de España como patrimonio de una familia. Se habló de libertades, de igualdad de derechos y deberes, e incluso de una incipiente democracia. El fruto fue la primera Constitución española, la de 1812, referente de modernidad para el Mundo y, sobre todo, para las futuras constituciones de los países hispanoamericanos que poco después fueron ganando su independencia.

En aquellas luminosas Cortes aún era pronto para debatir sobre la abolición total de la esclavitud, pero no lo era para pretender prohibir, al menos, el tráfico de esclavos. El dos de abril de 1811 las Cortes de Cádiz debatieron en el pleno las propuestas a este respecto de Agustín Argüelles Álvarez, diputado por Asturias, y de José Miguel Guridi Alcocer, diputado por Tlaxaca, en el virreinato de Nueva España (México)[ii].

Argüelles hizo una doble propuesta. La primera era la abolición de la tortura como método probatorio en las causas judiciales, y la segunda que se pusiera fin al comercio de esclavos. Leamos unas líneas que hemos seleccionado de aquel memorable discurso:

Pido que las Cortes abolida la tortura y que todas las leyes que hablan de esta manera de prueba tan bárbara y cruel como falible y contraría al objeto de su promulgación, queden derogadas.

Y, respecto a la abolición del tráfico de esclavos:

Que sin detenerse V. M. en las reclamaciones de los que puedan estar interesados en que se continúe en América la introducción de esclavos de África, decrete el Congreso abolido para siempre tan infame tráfico (…)

En la abolición de la tortura en la práctica judicial estuvieron todos de acuerdo, todos y por unanimidad. Se aprobó la propuesta por aclamación y sin necesidad de votar y se puso fin en España, al menos legalmente, al tormento como práctica probatoria. Pero no pasó lo mismo con la esclavitud. Aquí Argüelles y Guridi Alcocer se encontraron con barreras que, en aquellas fechas, eran insalvables.

Diputados, como el Sr. Mejía, pronto aludieron al ejemplo abolicionista de Inglaterra, Estados Unidos y Portugal que, en los años precedentes habían decretado el fin del comercio de esclavos, aunque Portugal e Inglaterra permitieron que siguiera vigente la esclavitud en sus colonias (ver tabla de fechas de abolición por países). Pero Mejía pidió «prudencia» a la hora de tomar estas decisiones, e incluso se mostró en contra a partir de unos argumentos que se resumen en una de las frases que pronunció:

(…) libertar de una vez una inmensa multitud de esclavos, a más de arruinar a sus dueños, podrá traer desgraciadas consecuencias al Estado (…).

«Arruinar a sus dueños …». Este era el principal argumento que se oponía a la abolición de la esclavitud en América. Solamente en Cuba se estima que en aquel momento trabajaban en sus campos más de cien mil esclavos, número que llegó a los cuatrocientos mil a mediados del XIX, tras aumentar progresivamente la demanda de caña de azúcar y otros productos agrarios. Los poderosos criollos (hispanoamericanos descendientes de españoles) no podían tolerar que se suprimiera una mano de obra con tan escaso coste y se transformara a los esclavos en trabajadores asalariados.

Pero este argumento no era el único. El diputado Mejía dijo también que la abolición «podrá traer desgraciadas consecuencias al Estado». Sin duda se refería al peligro que suponían los cambios drásticos en la delicada estructura social de aquellas tierras. En realidad, lo que estaba expresando era puro miedo. Los esclavos eran demasiados y los riesgos de involución del orden ante cualquier cambio de profundo calado provocaban un extraordinario temor.

Este temor no era ajeno a los cercanos sucesos de Haití, acaecidos entre 1791 y 1804 en la vecina isla de Santo Domingo, apenas diez años antes, que aterraron a toda Europa. En esta colonia francesa la inmensa masa de esclavos se rebeló con tal violencia contra el poder blanco que desencadenó una cruenta guerra que finalizó con más de trescientos mil muertos, el exterminio o huida precipitada de prácticamente toda la población blanca y la estrepitosa derrota del ejército francés. La principal consecuencia fue que en 1804 se creó la primera república regida por afroamericanos.

Realmente, la situación de los esclavos en Haití no era la misma que en los virreinatos españoles. En el artículo dedicado al Asiento de negros mencionábamos con cierta profundidad la vida de los esclavos de territorios de la Corona española, y en ningún caso se parecía a la de los esclavos en poder de Francia en Haití.

El Código negro[iii] francés era realmente duro, mucho más que el español, y además la desproporción de razas en Haití era extrema: en torno a medio millón de esclavos y unos treinta mil libertos frente a aproximadamente treinta mil colonos blancos. Estas cifras contrastan, por ejemplo, con las de Cuba donde la población esclava no fue nunca superior al 50% de la total (a principios del siglo XIX estaba en torno al 30%).

El trato que se dispensaba a los esclavos en Haití era extraordinariamente cruel y desembocó en una revuelta que se terminó transformando en una revolución. La violencia se desató y llegó a niveles difícilmente superables en toda la historia de la humanidad. Sin embargo, la situación en los virreinatos españoles era mucho más estable y a esto respondían las pegas que pusieron a la abolición los diputados como el Sr. Mejía. No era el momento de que los ricos hacendados cubanos perdieran la oportunidad que les brindaba el colapso del comercio de la caña de azúcar en Haití, lo que provocó que la demanda derivara hacia Cuba aportando inmensos beneficios. Ni era el momento, en aquellos instantes de bonanza económica, de hacer «experimentos». Era mejor «no meneallo …».

En esta misma sesión, el diputado Juan Nicasio Gallego puso la guinda aportando un razonamiento económico que encajaba plenamente con la mentalidad del momento y el concepto del esclavo como un mero objeto. Gallego dijo: «(el esclavo) al fin y al cabo es una propiedad ajena, que está autorizada por las leyes, y que sin una indemnización sería injusto despojar de ella a su dueño. No se trata de esto ahora. De lo que aquí se trata es (a lo sumo) de abolir el comercio de negros».

Así se terminó el debate. Argüelles se reafirmó en que no quería eliminar la esclavitud, sino el comercio de esclavos y el presidente de las Cortes acabó con el tema remitiendo el asunto a una comisión que debía ser creada al efecto pero que, en realidad, nunca se reunió.

Aquellas Cortes de Cádiz no volvieron a tratar el tema de la abolición de la esclavitud, ni siquiera del tráfico de esclavos, pero incluyeron en la Constitución de 1812[iv] algunas referencias a los esclavos que, en realidad, reafirmaron la esclavitud y las diferencias entre blancos y negros. Estas referencias son las siguientes:

En el artículo 5.1. podemos leer: «Son españoles todos los hombres libres nacidos y vecinos en los dominios de las Españas, y los hijos de estos». Al mencionar a los «hombres libres» es evidente que admite implícitamente la existencia de «hombres no libres».

En el artículo 5.4. se afirmaba: «Son españoles los esclavos libertos desde que adquieren la libertad en las Españas». Sin embargo, debemos tener muy en cuenta que ser español no implicaba para un liberto poseer los derechos de ciudadanía. Esto se aprecia en artículo 22. en el que consta lo siguiente:

A los españoles que por cualquier línea son habidos y reputados por originarios del África, les queda abierta la puerta para ser ciudadanos. En su consecuencia, las Cortes concederán carta de ciudadano a los que hicieren servicios calificados a la Patria, o a los que se distingan por su talento, aplicación y conducta, con la condición de que sean hijos de legítimo matrimonio de padres ingenuos (libres); de que estén casados con mujer ingenua (libre), y avecindados en los dominios de las Españas, y de que ejerzan alguna profesión, oficio o industria útil con un capital propio.

Esto excluía a los libertos, pero no a sus hijos, además de excluir también a los asalariados, es decir, prácticamente a todos.

Por otra parte, en el artículo 25.3., encontramos un motivo de suspensión de ciudadanía que hoy nos asombra: «Por el estado de sirviente doméstico», entendiendo que se refiere a los criados que están al servicio de las personas de sus amos[v]. Esto excluía del privilegio de ciudadanía la mayoría de españoles negros, dado que se dedicaban habitualmente a trabajar como sirvientes.

No podemos terminar este apartado sin recordar a un mártir olvidado del liberalismo y defensor de la abolición de la esclavitud, Isidoro de Antillón, diputado en Cádiz que, por sus ideas, fue apaleado hasta la muerte por un grupo de reaccionarios al ser detenido por orden del absolutista y rey felón Fernando VII.

LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD EN LA ESPAÑA PENINSULAR -1837-

El Congreso de Viena puso fin a las Guerras Napoleónicas y señaló el inicio de una nueva etapa en Europa. Gran Bretaña marcó claramente su hegemonía y en las actas de este importante congreso dejó constancia de ello en muchos temas, siendo uno de ellos el relativo a la esclavitud.

Gran Bretaña había prohibido el tráfico de esclavos y la esclavitud en la metrópoli en 1807 e instó al resto de firmantes, representantes de casi toda Europa, a que se adhirieran a esta iniciativa. El 8 de febrero de 1815 se firmaba por casi todas las monarquías europeas un compromiso para acabar con el infame tráfico negrero y la presencia de esclavos en Europa. Los dominios coloniales, sin embargo, no entraron en este pacto.

España fue también invitada a firmar, pero inicialmente no lo hizo. Fernando VII no estaba de acuerdo con algunos detalles relacionados con el reparto que se hizo de Europa tras la derrota de Napoleón, y retiró a su embajador. Sin embargo, en 1817, tras ser devuelto el ducado de Parma a la familia Borbón y recibir una sustanciosa suma como compensación, accedió a firmarlo. No obstante, todo fue lo que hoy llamaríamos un «postureo», dado que no estaba dispuesto a cumplir lo pactado.

Sin embargo, en 1820 las cosas cambiaron. El general Riego encabezó una revolución liberal que obligó a Fernando VII a aceptar la Constitución de 1812 y pronunciar hipócritamente la célebre frase: «marchemos, y yo el primero, por la senda de la Constitución». El nuevo gobierno, opuesto al absolutismo e impregnado de las ideas liberales hijas del Pensamiento Ilustrado, aceptó, por fin, acabar con el tráfico de esclavos.

Pero esta acción fue efímera. En 1823, con la inestimable ayuda de un ejército francés (los cien mil hijos de San Luis), Fernando VII retomó el pleno control del trono, volvió al absolutismo, acabó con la vida de miles de liberales y, por supuesto, rechazó el acuerdo de acabar con el comercio de esclavos.

En 1833 entregó, por fin, su alma a Dios el rey felón, reconocido como el peor rey de toda la Historia de España (¡y mira que los ha habido malos!). Se hizo cargo del trono su esposa María Cristina de Borbón, como regente hasta que su hija Isabel II alcanzara la edad requerida para reinar.

María Cristina necesitaba el apoyo de los liberales al declararse la Primera Guerra Carlista, enfrentamiento que mantuvo con su cuñado y aspirante al trono Carlos María Isidro que estaba apoyado por todo el rancio conservadurismo español. Este apoyo de los liberales tuvo como fruto, entre otros muchos, el decreto de finalización del tráfico de esclavos en 1834.

La esclavitud no quedó abolida, pero sí el tráfico de esclavos, al menos oficialmente porque el contrabando no solo continuó existiendo, sino que aumentó exponencialmente. Ese tráfico ilegal se incrementó de forma alarmante y, de cuando en cuando, algunos de los barcos que lo practicaban era capturado. En este caso, cuando uno de estos barcos negreros procedentes de África era apresado con su ilegal «cargamento», el armador del barco que hacía la presa se responsabilizaba de los allí transportados tras declararles emancipados. Su obligación era encontrarles un destino en el que fueran educados en libertad y aprendieran a integrarse en el mundo occidental. Ni que decir tiene que esta responsabilidad llevó a muchos a «hacer negocio» con estas pobres gentes, llevándolos a tierra firme para allí «alquilarlos» o «cederlos» a cambio de un beneficio económico. Los así emancipados pasaron a ser libres en teoría, pero esclavos en la práctica, porque se siguió abusando de ellos.

Las iniciativas en favor de la abolición de la esclavitud continuaron y en 1837, solo cuatro años después de fallecer Fernando VII, el Congreso de los Diputados fue escenario de un hito: la ansiada ley por la que se abolía la esclavitud, pero … solamente en la España peninsular, islas de Canarias y Baleares y territorios africanos.

El 5 de abril de 1837 se produjo este histórico momento[vi]. El camino comenzaba a hacerse terminando con la nefasta y cruel esclavitud en España peninsular, Canarias, Baleares y territorios africanos, pero no en los virreinatos y territorios de Indias. Realmente, era otro logro, pero muy pequeño, porque la esclavitud prácticamente ya no existía en estas tierras y donde realmente hacía falta la abolición era en América.

Sin embargo, algo comenzaba a cambiar y se hizo palpable y evidente al publicarse el Real Decreto en la Gaceta de Madrid con el siguiente texto[vii] (hemos resumido):

Artículo 1. ° Queda abolida la esclavitud en la Península, islas adyacentes y posesiones de España en África y libres los esclavos que a la publicación de esta ley existan en ellas.

Art. 2. ° Todo esclavo, cualquiera que sea su procedencia, adquiere su libertad por el solo hecho de pisar el territorio expresado en el artículo anterior.

Art. 3°. Las autoridades de los puertos de mar y pueblos de la frontera (…) velarán para que tenga efecto lo dispuesto, dispensando a los esclavos que lleguen toda protección y amparo.

Art. 4°. El Estado indemnizará a los dueños de los esclavos actualmente existentes en la Península, islas adyacentes, y posesiones de España en África (…).

Art. 5°. El Gobierno dispondrá que las personas que quedan libres en virtud de esta ley, tengan ocupación, y reciban la educación correspondiente, si la necesitan, bajo la vigilancia de sus antiguos amos, de otras personas, o en establecimientos públicos.

Y así llegamos a una etapa de casi treinta años en los que poco más se hizo por abolir la esclavitud. Los esclavos siguieron llegando a América en grandes cantidades, burlando la vigilancia de la Armada española que se vio impotente para frenar el enorme aluvión de barcos de contrabando de esclavos que, constantemente, proveían de mano de obra a las grandes plantaciones.

Uno de estos barcos se hizo famoso y no por su volumen o número de esclavos transportados, sino por otras circunstancias. El barco protagonista de este incidente fue una goleta de menos de cuarenta metros de eslora, bautizada como Amistad. Esta goleta recogió en 1839 en La Habana (Cuba) a cincuenta y tres esclavos procedentes de Sierra Leona, para trasladarlos a la también localidad cubana de Camagüey. Se pretendía hacerlos pasar por esclavos nacidos en Cuba, en cuyo caso su traslado hubiera sido legal, ocultando que acababan de llegar directamente de África en un barco negrero portugués. Sin embargo, antes de llegar a su destino, aprovechándose de la escasa experiencia en este tipo de «negocios» de los marineros del Amistad, los esclavos se rebelaron y pasaron a cuchillo a toda la tripulación, excepto dos marinos a los que respetaron la vida a cambio de que los condujesen de vuelta a Sierra Leona.

Estos dos marinos aceptaron (qué remedio les quedaba), pero subrepticiamente cuando llegaron a altamar navegaron en dirección contraria, engañando a sus captores. Tras muchos días de navegación avistaron tierra, pero muy lejos de Cuba ya que, a medida que ocultaban los cambios de dirección, se habían ido desviando hacia el norte hasta llegar a Long Island, en el estado de Nueva York.

En 1799 Nueva York había abolido la esclavitud, por lo que consideró que aquella goleta y sus tripulantes habían transgredido las leyes. España, sin embargo, reclamó el barco y los treinta y cinco esclavos supervivientes, pero las autoridades norteamericanas se negaron a devolverlos sin antes pasar por una corte judicial. El juicio fue muy seguido en América y Europa y, finalmente, la sentencia declaró libres a los africanos, poniendo a su disposición un barco para volver a su tierra. El barco les desembarcó en Freetown, Sierra Leona, donde se había creado una colonia para acoger a esclavos africanos que habían luchado para el Imperio Británico.

Los hombres del Amistad se libraron de ser esclavos, pero no lo consiguieron otros cientos de miles de desgraciados. El historiador Martín Rodrigo estima que, a pesar de la prohibición de tráfico de esclavos, entre 1820 y 1867 llegaron al Caribe más de seiscientos mil esclavos. Esclavos que se repartieron por toda la región, tanto insular como continental, tanto hacia el norte, como hacia el sur.

LOS ÚLTIMOS PASOS HACIA LA ABOLICIÓN

El siglo XIX es el más convulso de la Historia de España. Uno de los acontecimientos que avivó la agitación y la inestabilidad fue el proceso de independencia de la mayoría de los virreinatos de Indias. Apenas Cuba y Puerto Rico, junto a las lejanas islas Filipinas, permanecieron en poder de España. En 1828 se habían declarado independientes los países que ahora llamamos hispanoamericanos y a partir de 1836 no quedó otro remedio que ir reconociendo su emancipación. Los nuevos gobiernos fueron aboliendo la esclavitud, la mayoría de forma casi inmediata, por lo que la esclavitud se mantuvo solamente en las antes citadas Cuba y Puerto Rico. En ambas y en aquellos momentos el número de esclavos estaba alcanzando cifras muy elevadas.

Filipinas constituía un caso aparte. El rey Felipe II prohibió la esclavitud de sus pobladores nativos[viii], como ya había ocurrido en América y, por otra parte, la presencia de esclavos de raza negra fue muy escasa.

La bonanza económica obstaculizó los intentos de acabar con la esclavitud, pero comenzó a ser incompatible con la prohibición del tráfico de esclavos. Esto llevó al diputado Sr. Seijas el 29 de febrero de 1845 a preguntar al Gobierno si tenía planeado introducir personas de raza negra en Cuba y Puerto Rico como trabajadores libres y asalariados. Es curioso que, desde un principio, Seijas se reafirmó en que los trabajadores debían ser de esta raza porque, argumentó, el trabajo era tan duro que solo ellos lo podían soportar, descartando a los hombres blancos. Entre sus afirmaciones destacamos la siguiente: «cuán difícil es que la raza blanca en aquel clima pueda llenar las condiciones de ese trabajo (…)».

El Gobierno se negó a contratar trabajadores libres de raza negra y se reafirmó en mantener los esclavos existentes, así como promover la procreación de nuevos esclavos. Pero admitió estudiar la posibilidad de implantar progresivamente nuevas técnicas mediante maquinaria que suavizara las condiciones laborales y facilitase la contratación de trabajadores blancos, en la línea de la Revolución Industrial que se dio en España con retraso respecto a otras potencias europeas.

La situación, a pesar de estas promesas, siguió manteniéndose intacta. A este inmovilismo sin duda contribuyeron los acontecimientos de 1844 al sospecharse una conjura de cientos de esclavos para rebelarse contra el orden establecido, a imitación de lo ocurrido en Haití cuarenta años antes. Como capitán general de Cuba en aquel momento se encontraba el general Leopoldo O´Donnell, que llegará con el tiempo a ser uno de los más relevantes políticos del reinado de Isabel II. O´Donnell, ante el temor a una rebelión, actuó con mano dura, ordenando torturar y ejecutar a los esclavos que despertasen la más mínima sospecha. No en vano aquel año es conocido como el «año del látigo» o el de «la represión de la escalera», nombre que recibió porque los azotes se propinaban tras atar de pies y manos al castigado a una escalera de mano. O´Donnell no solo actuó de forma tajante y exagerada ante una conspiración que nunca se llegó a demostrar plenamente, sino que, además, se enriqueció enormemente gracias a la compraventa de esclavos. En su lúgubre memoria siempre deberá soportar a los miles de hombres y mujeres que ordenó torturar y a los casi ochenta que ordenó fusilar o ahorcar.

La explotación de los recursos de Cuba llegó a prosperar económicamente tanto, que Estados Unidos, principal cliente de su producción agraria, hizo lo posible por comprar la isla en 1854, llegando a ofrecer la cantidad de ciento treinta millones de dólares. España, orgullosa, declinó la oferta.

Catorce años después de este frustrado intento de compra, en 1868, se produjo en España uno de sus acontecimientos históricos más relevantes de su Historia: la Revolución Gloriosa. La reina Isabel II fue arrojada al exilio y militares de la talla de Prim, Serrano y Topete se erigieron como indiscutibles protagonistas. Con esta revolución de 1868 se inició el Sexenio Revolucionario, una coyuntura crucial de la Historia de España que contempló el ascenso del republicanismo y el despertar del Movimiento Obrero. Pero también fue el momento de la apertura a los cambios que a gritos pedía la sociedad española en el contexto de una Europa que se comenzaba a modernizar.

En 1869 las nuevas Cortes abrían sus puertas. Unas Cortes que, en su mayoría, buscaban un nuevo rey que no fuera un Borbón. Unas Cortes de clara mayoría liberal y progresista. Y unas Cortes preparadas ideológicamente para poner fin a la esclavitud pero que, desgraciadamente, se encontraron con un imponderable imposible de superar: en Cuba, tan solo un año antes, se había producido el Grito de Yara, la proclamación de independencia por una parte de la burguesía cubana que desembocó en la llamada Guerra Grande, un conflicto bélico de gran envergadura que se prolongó hasta 1878.

Sin embargo, Puerto Rico no se encontraba en guerra y allí si se hacía factible comenzar la labor de emancipación. Además, en Puerto Rico se corrió la voz de que los rebeldes cubanos pretendían liberar a los esclavos, lo que hizo temer que la mecha de la rebelión también se encendiera allí. Ante esta expectativa y el riesgo de una insurrección que España no se podía permitir también en esta isla, se adelantaron los acontecimientos. El Gobierno llevó a cabo una iniciativa que, cuando menos, iniciara la liberación o diera esperanzas a los miles de esclavos de Puerto Rico. Respondiendo a estas necesidades, el 20 de junio de 1870 se vivió en las Cortes un encendido debate sobre la necesidad de iniciar los trámites legales para abolir la esclavitud[x].

La iniciativa abolicionista la llevó Emilio Castelar con un brillante discurso. Fue muy largo y concienzudo, pero destacamos algunos párrafos.

En uno de ellos cuestiona que una persona, por el simple hecho de tener la piel negra puede ser considerada propiedad de otra persona:

IAh Sres. Diputados! Probadme qua el negro es una cosa; probadme que es coma vuestro arado, coma el terrón de vuestra tierra, qua no tiene ni personalidad, ni alma, ni conciencia (…) ¿Podéis usar y abusar del esclavo? ¿podéis usar y abusar a vuestro antoja de una imagen divina, de una naturaleza moral, del alma, de la conciencia, del derecho? Si un hombre puede ser objeto de propiedad, todos los hombres pueden ser objeto de propiedad (…) (pág. 8983)

Más adelante, para avergonzar a los que seguían defendiendo la esclavitud, aludió a un anuncio de periódico que ponía al mismo nivel a dos caballos y a dos esclavas:

Se venden dos yeguas de tiro, dos yeguas del Canadá; dos negras hija y madre; las yeguas juntas o separadas, las negras, la hija y la madre, separadas o juntas (pág. 8986).

Y, frente a los que consideraban y temían una rebelión si les liberaban, argumentaba que era algo difícil dada la proporción de personas libres y esclavas:

¿Cuántos libres y cuántos esclavos hay en Cuba? Por nuestro censo hay 300.000 esclavos y 700.000 libres. ¿Cuántos esclavos y cuántos libres hay en Puerto-Rico? Por nuestro censo, 40.000 esclavos y el 350 .000 libres. ¿Qué teméis? ¿Una insurrección de negros? (Pág. 896)

Ese día, 23 de junio de 1870 el Congreso de los Diputados aprobó una ley que recibirá el nombre de Ley de libertad de vientres, o Ley Moret, por la que se beneficiaban con la ansiada libertad todos los niños y niñas que nacieran a partir de ese momento. Esta ley se puede consultar acudiendo a las actas del Congreso[xi] y decretaba que, a partir de la publicación de la Ley, todos los hijos e hijas de madres esclavas serían declarados libres.

Pero no se quedaba solo en esto, ya que también otorgaba la libertad a los esclavos que hubieran colaborado con el Ejército español en la guerra de Cuba, así como a los mayores de sesenta años y a todos los esclavos que habían pertenecido al estado.

Sin embargo, la Ley a partir del artículo 6º incluía la aparición de una institución que enturbiaba su bondad: el Patronazgo. Los dueños de las madres de los niños que nacieran libres a partir de entonces, eran obligados a ejercer un «patronato» sobre ellos, educándoles, vistiéndoles, cuidándoles si caían enfermos y cualificándoles para ejercer un oficio. Incluso quedaba escrito que «los patronos podían aprovecharse del trabajo del liberto sin retribución alguna hasta la edad de 18 años». Para los patrocinados se suprimía el castigo de azotes, pero se mantenían los castigos de cepo y grillete para los más indisciplinados[xii]. El patronato cesaba obligatoriamente a los 22 años de edad.

Este patronato suponía, en realidad, una prórroga de dependencia del amo, prórroga que solo se rompía si el liberto se casaba (las niñas a los catorce como mínimo y los chicos a los dieciocho) o si se demostraban abusos en castigos, abandono o, incluso y tal y como se reseña en la ley, por prostituirles.

Esta ley determinaba también la supresión de los castigos por azotes (o fuete), cadena, cepo o argolla a los esclavos que seguían siéndolo, así como la prohibición de vender separadamente de sus madres a los niños y niñas esclavos menores de catorce años, ni a los esclavos unidos en matrimonio. Por último, destaquemos que la Ley era de aplicación en Puerto Rico y quedaba en suspenso su aplicación en la isla de Cuba.

(1873-02-01). España, «Manifestación en Madrid a favor de la abolición de la esclavitud en las colonias españolas. Le Monde Illustré.

La ley, no cabe duda, iniciaba el camino, pero era a todas luces insuficiente porque dejaba en la esclavitud a cientos de miles de hombres y mujeres que seguían siendo esclavos, unos cuarenta mil en Puerto Rico y más de trescientos mil en Cuba. Además, se destinaba a los niños que nacieran a partir de ese momento a un patronazgo que les seguía dejando en manos de sus antiguos amos.

Sin embargo, la inercia de la libertad continuó imparable y el 24 de diciembre de 1872 el ministro de Ultramar, Manuel Becerra, presentó en las Cortes el proyecto de Ley de abolición completa de la esclavitud en Puerto Rico[xiii], pasando a su estudio por la comisión correspondiente. Y, por fin, el 23 de marzo de 1873, se abolió la esclavitud en esta isla por aclamación unánime de los diputados presentes[xiv].

Pero, faltaba Cuba ….

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LA ABOLICIÓN EN CUBA. EL ÚLTIMO ESLABÓN DE LA LARGA CADENA

La paz de Zanjón de 1878 puso fin a una guerra en Cuba que se cerró con la muerte de más de cien mil soldados españoles y no menos de doscientos mil cubanos. Los soldados murieron en un 90% víctimas de enfermedades y de una pésima atención y preparación. Los cubanos fallecidos fueron, en su mayoría, civiles. Pero la guerra se cerró en falso y efímeramente con una victoria española, porque tan solo un año después se reanudó con la llamada Guerra Chiquita, volviendo a las hostilidades durante un año más, hostilidades que nada cambiaron.

Pero de algo sirvió llegar a la paz, porque tras la rendición de los insurrectos ya no cabía excusa alguna para aplazar la abolición de la esclavitud también en esta isla caribeña. Por esta razón y sin más demoras, el rey ordenó publicar la Ley de 13 de febrero de 1880 por la que se abolía la esclavitud en la isla de Cuba, tras ser conocida y debatida en el Congreso los días 5, 6 y 7 de febrero de ese año[xv].

Sin embargo y tal y como ocurrió en Puerto Rico, se creó un Patronato para tutelar a los liberados, patronato que debían ejercer los antiguos amos, protegiéndolos, educándolos y facilitando su inserción social y laboral. A cambio, los patrocinados estaban obligados a trabajar y permanecer bajo el control de sus antiguos dueños, pero cobrando un pequeño salario. Incluso el reglamento que se elaboró para regular y ordenar este transcendental cambio, incluía la posibilidad de castigar mediante cepo y grillete, pero nunca permitiendo los azotes, a los patrocinados díscolos o que se atreviesen a no seguir la disciplina marcada.

El Patronato debía extinguirse en un máximo de ocho años (es decir, en 1888), haciéndolo en cada plantación de forma escalonada para evitar una marcha inmediata de esclavos. Los antiguos esclavos que iban dejando de ser patrocinadas debían justificar en los cuatro años siguientes a su total libertad que tenían trabajo, de lo contrario el estado los asignaba a obras públicas. Para ellos se contemplaban penas comunes en el caso de infringir las leyes y, además, se incluía la posibilidad de desterrarlos a los territorios del norte de África para realizar trabajos forzados en el caso de reincidencia o especial gravedad de sus delitos.

En aquellos debates en el Congreso hubo diputados que pidieron la libertad inmediata, sin previa transición por el Patronato, como Fernando León Y Castillo, quien argumentaba que esa semi-esclavitud temporal solo podía traer problemas. Algunas de sus palabras fueron:

La libertad concedida a largo plazo produce en el esclavo las impaciencias precursoras de las desobediencias, y las desobediencias precursoras de las rebeliones. ¡Ah! Creéis que esos esclavos van a permanecer tranquilos y resignados en los ingenios, mientras ven (a otros) disfrutando de la más completa libertad (…) (Sesión del Congreso de los Diputados del 05/02/1880, pag. 1689).

El Patronazgo se puso en marcha y, afortunadamente, no hubo que lamentar ni rebeliones, ni levantamientos generalizados. Esta tranquilidad llevó en 1886 al diputado por Cuba Rafael María de Labra, miembro de la Sociedad Abolicionista y activista por la igualdad entre hombres y mujeres, a pedir en las Cortes el final anticipado del Patronato y otorgar a los antiguos esclavos la plena posesión de sus derechos civiles.[xvi] Esta petición estaba avalada por varias sociedades abolicionistas de Cuba, así como por un gran número de asociaciones piadosas (sic) y particulares, pero lo que más destacamos es la motivación de la solicitud que, tal y como afirmaba el diputado Sr. Labra, se sustentaba en consideraciones generales de humanidad, pero también en la buena disposición y deseo de cooperar de los antiguos dueños de esclavos.

Inmediatamente, el diputado Sr. Vergez presentó un proyecto de Ley para que se hiciese efectivo el cese del Patronato y se liberara a todos los antiguos esclavos, ordenando el presidente de las Cortes se pasara a Comisión para su estudio[xvii]. Este proyecto zanjaba definitivamente la dependencia de sus antiguos amos y solo mantenía la obligación de acreditar en los cuatro años siguientes que contaban con una ocupación o trabajo o, de lo contrario, serían destinados a trabajos comunitarios. Transcurridos los cuatro años, todos los antiguos esclavos gozarían en plenitud de todos sus derechos civiles en igualdad con el resto de ciudadanos, sin distinción social, ni de raza o color.

Al día siguiente, 27 de julio de 1886, tras un largo debate que giró sobre la forma, no sobre el fondo, en que debía disolverse el Patronato, el Congreso por unanimidad y sin necesidad de votación aprobó el proyecto de Ley que fue publicado como Real Decreto de 7 de octubre de 1886 en la Gaceta de Madrid del día siguiente[xiii].

La esclavitud en España había, por fin, terminado.

UNA ÚLTIMA REFLEXIÓN

¿Cuántos hombres y mujeres fueron forzados a trasladarse a América como esclavos desde el continente africano? ¿Importa conocer esta cifra? Creemos que sí, porque la vergüenza de esta lamentable, cruel, injusta e inhumana práctica nos exige conocer la magnitud de esta atrocidad.

Es imposible conocer el número exacto de africanos trasladados a América para ser esclavizados. Los viajes se documentaban y se anotaban escrupulosamente, detallando nombres y circunstancias, pero solamente los que se hacían legalmente. Frente a estos viajes se encuentran los de contrabando, cuya contabilidad es imposible.

Tomando en consideración los datos que pueden consultarse se han hecho auténticos esfuerzos que nos facilitan imaginar la enorme magnitud de este trágico comercio. El mayor proyecto que podemos consultar para conocer estos datos se inició en 1960 y ha venido contando hasta nuestros días con la colaboración de muchas universidades e investigadores de prestigio que han dado como fruto una enorme base de datos en la que pueden encontrarse viajes, negreros, capitanes de barco, barcos y, sobre todo, esclavos, incluyendo su procedencia y su punto de desembarco (la base de datos recoge el nombre de casi cien mil africanos).

Actualmente y tal y como consta en su página web colaboran en este proyecto la Universidad Emory (la institución anfitriona original), la Universidad Rice (la nueva institución anfitriona), los campus de la Universidad de California en Berkeley, Irvine y Santa Cruz, la Universidad de Harvard, el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana, el Instituto Omohundro de Historia y Cultura Temprana de los Estados Unidos, la Universidad de las Indias Occidentales en Cave Hill, Barbados, y la Universidad de Washington. Se trata del proyecto Slavevoyages (https://www.slavevoyages.org/ )

Hemos consultado su base de datos en diciembre de 2025 y de ella extraído algunas cifras muy significativas:

Desde 1525 el número de esclavos registrados que embarcaron de África hacia América ascendió a 10.643.518, de los que fueron desembarcados 9.195.825. Esto nos indica que por el camino «se quedaron» 1.447.693, es decir, que la mortalidad media durante el viaje alcanzó nada menos que un 14%. El número medio de personas trasladadas en cada viaje estaba en torno a trescientas, lo que nos da una idea de la estrechez en la que se encontraban apilados. El pico más alto de este tráfico se dio entre 1750 y 1850.

Respecto al comercio de esclavos con la América española, las cifras de trasladados que esta base de datos recoge es de un total de 5.713.295, de los que llegaron a su destino 4.882.606. El resto se distribuyeron sobre todo por Brasil, colonia portuguesa, además de los territorios coloniales del resto de países europeos.

Estas cifras contrastan con el número de españoles emigrados voluntariamente a América que podría cifrarse en torno a 1.860.000 entre 1492 y 1836 – fecha aproximada del fin de la dominación española excepto en las Antillas -.

Pero el número de africanos secuestrados y convertidos en esclavos fue, sin duda, más alto que el que nos muestran estas cifras, por las razones antes expuestas. Sin poder afirmar un número exacto, hemos comprobado consultando diversas fuentes que pudo estar entre trece y quince millones, de los que pudieron llegar vivos a tierra el 85%.

millones, de los que pudieron llegar vivos a tierra el 85%.

Una de las consecuencias de esta llegada masiva de africanos a América se puede observar hoy en aquellos países en los que en mayor medida fueron desembarcados. Cristina Torres nos proporciona unos porcentajes bastante fiables de lo que suponen en la población total[xix]:

Los países de América Latina con la mayor proporción de población descendiente de africanos son Haití (95%), República Dominicana (más de 84%), Cuba (62%), Brasil (46%), Colombia (30%) y Estados Unidos (12%).

Y un último apunte relacionado con la compleja mezcla de razas que se dio en la América española. Era tal el número de posibles «castas» (término que se utilizó a este respecto), que se editaron cuadros en los que se detallaban todas las posibilidades. Cuadros como el que aquí incluimos, procedente del Museo Nacional del Virreinato, ubicado en ubicado en el antiguo Colegio de San Francisco Javier en Tepotzotlán, Estado de México y con el que terminamos este artículo: